En Guatemala ser mujer y víctima es la misma cosa. El pasado año hubo 527 asesinadas, muchas de ellas niñas, y sólo un caso llegó a los tribunales. La ley está invariablemente al lado de los culpables. Una periodista británica investiga este ‘feminicidio’, mucho más cruel e ignorado que el de Ciudad Juárez.



Existe un país donde un hombre puede librarse de una condena de violación si se casa con la víctima, siempre que ésta sea mayor de 12 años. Allí, el sexo con menores sólo es delito si la niña puede demostrar que no fue ella quien provocó. En Guatemala, para que una mujer maltratada pueda llevar a los tribunales a su marido, las heridas han de permanecer visibles al menos diez días. En algunas comunidades, incluso, es normal que los padres ‘inicien’ a sus hijas en el sexo.

Atada con alambre de espinos, espantosamente mutilada, con insultos grabados sobre la piel, violada, asesinada, decapitada y tirada en un arcén; en la capital del país es raro el día en que no se encuentra una mujer en estas condiciones. Este año, la media ha sido de dos cuerpos al día: 312 hasta mayo, que se suman a las 1.500 violadas, torturadas y asesinadas en los últimos cuatro. Queda claro que, en Guatemala, ser mujer y víctima es una misma cosa.

En la cola de un organismo de Derechos Humanos, Catalina Macario espera para hablar con alguien que la pueda ayudar. Quiere saber si es posible enjuiciar a quienes atacaron a su «niña». Hilda tenía 12 años cuando fue destripada con un machete por resistirse a una violación. Sobrevivió, pero fue rechazada y estigmatizada por su comunidad. A su lado, María Alma de Villatoro habla de Priscilla, su hija de 21 años muerta a cuchilladas a manos de su novio por negarse a abortar.

Los periódicos llevan la cuenta de los cadáveres, aunque la noticia suele reducirse a un párrafo al pie de una página interior. En ocasiones se menciona que la mujer fue encontrada sin cabellera y atada con alambre de espino, abandonada en un descampado o, como suele ocurrir, dentro de un bidón de gasolina vacío. También se indica que sobre la piel se encontraron grabadas las palabras «Muerte a las putas», y raramente se dice si la mujer o la chica (a veces de apenas ocho o nueve años) fue violada, como ocurre en casi todos los casos, según afirma Mario Guerra, director del depósito de cadáveres de Ciudad de Guatemala. Las familias pueden tardar meses en dar con ellas, ya que aparecen lejos del lugar del secuestro. A muchas se las designa «XX» o «identidad desconocida»; sus rostros están irreconocibles y acaban incineradas en fosas comunes.

Para entender la situación hay que remontarse a los años 50, cuando amplias zonas de Guatemala estaban en manos de la United Fruit Company. En 1954, el gobierno de izquierdas elegido democráticamente expropió terrenos de la multinacional en el marco de la reforma agraria, y la CIA, cuyo director estaba ligado a la compañía, orquestó un golpe militar. Se paralizó la redistribución de tierras, surgieron grupos guerrilleros y comenzó la campaña antiinsurgencia patrocinada por EE.UU. El ciclo de represión, recrudecido en los 80, durante la era Reagan, fue el más violento y desconocido de América Latina.

Con la Guerra Fría de fondo, los sucesivos gobiernos de Washington inyectaron ayuda militar a Guatemala y a grupos de ultraderecha para proteger sus intereses en la región. Se asolaron grandes extensiones de cultivos, masacrando a la población, indios mayas en su mayoría. Los habitantes de las zonas beligerantes eran llevados en manada a las iglesias y quemados vivos; se encerraba a familias enteras dentro de un pozo. Los oponentes políticos eran eliminados y las mujeres, violadas, mutiladas y asesinadas. A las embarazadas las abrían el útero y colgaban los fetos de un árbol. En 1996, cuando la ONU negoció un acuerdo de paz, se contaban más de 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos y 1,3 millones de guatemaltecos convertidos en refugiados internos, en un país de poco más de diez millones de habitantes.

Cuando la Iglesia católica denunció en 1998 que el 93 por ciento de los muertos de la interminable guerra civil había fallecido (en lo que más tarde se reconocería como «actos de genocidio») a manos de las Fuerzas Armadas, los escuadrones de la muerte paramilitares y la Policía, el obispo que redactó el informe fue asesinado en la puerta de su casa. Extraordinariamente, dado el clima de impunidad que se vive en el país, tres oficiales fueron condenados por el homicidio.

Como reconocimiento de que los responsables de la mayor parte de las atrocidades fueron los sectores armados por EE.UU., entrenados con métodos sádicos de represión, el acuerdo de paz apoyado por la ONU exigió la reducción y reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero mientras se reducían ambas instituciones, los hombres seguían siendo los mismos. Los responsables de las peores atrocidades continuaron impunes. Efraín Ríos Montt, el general acusado de actos de genocidio en la cumbre de la guerra (cuyos cargos desestimó el ex presidente estadounidense Ronald Reagan como «acusaciones falsas»), consiguió ser elegido presidente del Congreso.

En un país que ha sido testigo de tantas atrocidades sin ley, no sorprende que la vida no valga nada. Y en una tierra con una cultura machista tan pronunciada, no extraña que los hombres se hayan acostumbrado a pensar que pueden asesinar, torturar y violar a las mujeres y quedar impunes.

Es asombrosa la rapidez con la que aceptó verme el jefe Méndez, responsable de una unidad policial especial creada el año pasado para investigar asesinatos de mujeres. Teniendo en cuenta el número de crímenes, podríamos pensar que es un hombre ocupado, pero en su oficina no hay mucho que hacer. De cuatro ordenadores, sólo dos están encendidos. Aparte de Méndez y su secretaria, hay tres agentes más en la habitación. Están sentados en corrillo, hablando y riéndose durante mi visita.

Para Méndez, la raíz de esta violencia hacia el género femenino es sencilla: «Las mujeres ahora salen más de casa y empiezan a participar en todos los aspectos de la sociedad. Muchos hombres las odian por ello. Éste es un país con muchos machistas», sentencia. Detrás del jefe de Policía, su joven secretaria, embutida en un ceñidísimo uniforme, le acaricia el pelo mientras habla.

Méndez atribuye el clima generalizado de violencia al florecimiento del tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales y las luchas internas despiadadas entre bandas callejeras rivales, las maras. En un país con al menos 1,5 millones de armas sin registrar, y que el año pasado se calcula que importó 84 millones de balas y cartuchos, sin duda esto es parte del problema. Ciudad de Guatemala es una de las urbes más peligrosas del mundo, con una tasa de asesinatos cinco veces superior a la de Bogotá, en una Colombia destrozada por la guerra. Sin embargo, el jefe de Policía empaña este punto de vista al sugerir que una manera de abordar el problema sería deshacerse de la molesta presunción de inocencia en el arresto de sospechosos. Conociendo a jefes de Policía como éste, no sorprende que se hayan investigado menos del diez por ciento de estos crímenes. De los 527 asesinatos de mujeres y niñas el año pasado, sólo uno ha culminado en una acción judicial.

Según Méndez, el sello de las mutilaciones observadas en los cadáveres se debe a «rituales satánicos», parte de las ceremonias de iniciación en una pandilla callejera. La versión que ofrece el Gobierno es que las bandas son culpables de la mayoría de los asesinatos.

En los barrios más pobres de la ciudad, donde proliferan las maras, los pandilleros admiten que algunas mujeres se ven involucradas en la rivalidad entre bandas. «Pero a muchas se las asesina para cargarnos el muerto y tener una excusa para disparar contra nosotros», afirma un chico de 19 años cubierto de tatuajes, apoyado en una pared de un barrio donde hace unas horas se ha encontrado el cadáver decapitado de una joven. «La Policía ve a dos o más con tatuajes y empieza a disparar», añade.

Somos testigos de primera mano. Al poco de llegar al barrio para hablar con miembros de la pandilla más temida del país, Mara Salvatrucha, dos coches patrulla se acercan chirriando sobre las vías del tren. Los agentes salen de un salto, enfilan los rifles y ordenan a los jóvenes que pongan las manos sobre la pared. De no estar nosotros allí, los mareros aseguran que les habrían disparado.

Desde el fin de la guerra civil, las redes del crimen organizado que se han infiltrado en el Gobierno, el Ejército y la Policía reclutan a pandilleros para que les hagan el trabajo sucio y luego los asesinan. Así se quitan de en medio a los testigos y ‘limpian’ las calles de quienes son considerados el azote de la sociedad.

Los defensores de los Derechos Humanos, sometidos con regularidad a amenazas de muerte e intimidaciones, creen que culpar a la violencia callejera es una manera de simplificar deliberadamente el problema. A las mujeres, aseguran, no sólo se las «mata como moscas» porque se las considera sin valor, también se las utiliza como títeres en las luchas de poder entre redes del crimen organizado. «Un elemento clave en la historia de Guatemala es el uso de la violencia contra las mujeres para aterrorizar a la población», explica Eda Gaviola, directora del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh). «Este estado de terror beneficia a todo tipo de criminales, desde el narcotráfico hasta las adopciones ilegales, pasando por el blanqueo de dinero y los secuestros. Hay signos claros de conexión entre estas actividades y el Ejército, la Policía y las empresas de seguridad privada, a las que se incorporaron ex militares y ex policías tras la reducción de las fuerzas del orden.»

Hace tres años, Amnistía Internacional describía Guatemala como un «Estado mafioso corporativo» controlado por «poderes ocultos» que forman una «alianza entre sectores de la oligarquía, empresarios, Policía, Ejército y los delincuentes comunes». A lo que Hilda Morales, una abogada que lidera una red de grupos femeninos constituidos a medida que escalaba el problema, añade: «Ni la Policía ni el Gobierno se lo toman en serio». En su opinión, la situación no cambiará a menos que se presione desde el exterior y que los inversores conozcan la situación y cuestionen sus negocios con Guatemala.

No olvidemos que éste es un país pequeño, condenado geográficamente a una relativa oscuridad. En el vecino México, en Ciudad Juárez, en la frontera con EE.UU., las más de 400 mujeres asesinadas en la última década han atraído la atención de todo el mundo. Estrellas de cine como Jane Fonda, Sally Field o Jennifer López han puesto su rostro para subrayar y denunciar lo que se ha dado en llamar ‘feminicidio’. Pero pocos hacen caso de lo que pasa en Guatemala.

El intento por parte de la ONU de establecer una comisión para investigar y enjuiciar a los «poderes ocultos» del país fue desestimado por las autoridades locales por «inconstitucional». Mientras siguen las conversaciones, también continúan los asesinatos.

«Aquí, las mujeres mueren peor que los animales. Cuando el Ayuntamiento anunció una campaña para exterminar a los perros callejeros, la gente paralizó las calles para protestar –comenta Andrea Barrios, del Caldh–. Cuando se asesina a una mujer, la indiferencia es total. Se ha creado la imagen de que las que mueren se lo merecen de un modo u otro.»

La Policía, de hecho, afirma públicamente que las víctimas son, en su mayoría, prostitutas. Es parte de una estrategia para intimidar a las familias que presionan para que se investiguen las muertes. En realidad, más del 40 por ciento de las asesinadas era ama de casa y un 25 por ciento, estudiantes. Sin dejarse amedrentar por esta estrategia, Rosa Franco, madre de una adolescente asesinada brutalmente hace cuatro años, no ha parado de exigir justicia. Siguen a sus hijos de camino al colegio. A poca distancia de la casa, un coche con varios ocupantes en su interior vigila por turnos. Hay uno la noche que hablo con ella en su casa. Para los defensores de los Derechos Humanos, este tipo de vigilancia es una señal de que el asesinato está relacionado con la burocracia y el crimen organizado. «Tengo miedo –confiesa Rosa–. Pero me he jurado no dejar de luchar.»

El mismo sentimiento lo comparten María Elena y Liliana Peralta. Su hermana mayor, Nancy, fue asesinada en 2002. Cuando las hermanas y sus padres denunciaron que la estudiante de Contabilidad de 30 años no había vuelto a casa un día, la Policía les dijo que esperaran a ver si aparecía. Al día siguiente, el cuerpo desfigurado de una joven fue encontrado a las afueras de la capital. El padre llamó al depósito, donde le dijeron que no podía ser su hija porque la descripción no coincidía. Junto al cuerpo, sin embargo, había aparecido una de las prendas que Nancy llevaba al salir de casa.

«La Policía se ríe de nosotras, a mi hermana le dicen ‘la muerta viviente’. Insisten en que no ha muerto, que otra estudiante se había apropiado de su identidad para inscribirse en la Universidad. No quieren investigar», afirma María Elena, quien ha empezado a estudiar Derecho para llevar ante la justicia a los asesinos de su hermana.

Rosa Franco y la familia Peralta denuncian que incluso las pruebas forenses más básicas, como la de fluidos corporales, que pueden ayudar a identificar a los asesinos en ambos casos, no se llevaron a cabo. Ante las constantes frustraciones, piensa llevar sus casos a la Comisión Interamericana. Sin embargo, la mayoría de las familias de las víctimas no tiene recursos ni conocimientos como para iniciar una lucha legal.

Alejados del caos de Ciudad de Guatemala,en la selva al norte del país, rica en vestigios de la civilización maya, un grupo de arqueólogos encontró recientemente en una cripta la escena de un crimen antiguo: había restos de dos mujeres, una de ellas embarazada, dispuestos en forma ritual. Al parecer, era el resultado de una demostración de fuerza entre ciudades rivales. 1.500 años después, sus descendientes siguen siendo víctimas de las luchas por el poder.

XLSemanal-C.T.

Cuando leí este reportaje lloré más de una vez, espero haber removido alguna conciencia poniéndolo aquí.